El esquema de huachicol fiscal persiste tras reformas energéticas de 2013
La simulación en la importación de combustibles mediante aditivos ha generado millonarias pérdidas fiscales desde la apertura del sector energético.

La apertura del sector energético iniciada en 2013 facilitó la creación de redes de evasión fiscal conocidas como huachicol fiscal, un fenómeno que alcanzó niveles críticos durante la emergencia sanitaria por covid-19. Autoridades federales identificaron que empresas privadas utilizaban la importación de combustibles como lubricantes o aditivos para eludir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, evadiendo los controles de aduanas y las regulaciones de la Secretaría de Energía.
El esquema operaba bajo la fachada de productos químicos que, al ingresar al territorio nacional, eran mezclados o comercializados directamente en estaciones de servicio como gasolina o diésel convencional. Esta práctica no solo representó una afectación directa a la recaudación de la SHCP, sino que también generó una competencia desleal para PEMEX, al desplazar legalmente los combustibles nacionales con productos que no cumplían con las normas de calidad ni con el pago de las contribuciones correspondientes.
Durante el periodo de pandemia, la detección de estos cargamentos ilícitos se intensificó tras los operativos coordinados entre el SAT, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Los trabajos de inteligencia revelaron que las estructuras corporativas detrás de estas operaciones aprovechaban las lagunas normativas dejadas por la reforma de 2013, las cuales permitieron una fiscalización laxa sobre los insumos energéticos que ingresaban al país bajo clasificaciones arancelarias distintas a los hidrocarburos.
Actualmente, el gobierno federal mantiene acciones legales para desmantelar estas redes de contrabando, buscando endurecer los controles en las aduanas y la vigilancia sobre las terminales de almacenamiento. La estrategia se enfoca en verificar la composición química de los productos importados para asegurar que cada litro de combustible pagado en el mercado nacional cumpla con la normativa tributaria vigente, evitando que el vacío legal de la década pasada siga siendo explotado por actores privados.
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