Exdirector de la DEA solicita a Harfuch procesar a Rocha Moya

Derek Maltz, exdirector de la División de Operaciones Especiales de la DEA, hizo un llamado público este domingo dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que las autoridades mexicanas procedan con la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con las declaraciones emitidas por el exfuncionario estadounidense, existe una necesidad de que el mandatario estatal rinda cuentas ante los tribunales de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas que han sido objeto de seguimiento en aquel país.

El pronunciamiento de Maltz subraya la creciente presión internacional sobre la administración federal mexicana para profundizar en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado en el noroeste del país. Aunque el exdirector de la DEA no presentó pruebas adicionales en esta comunicación, enfatizó que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe derivar en acciones concretas contra funcionarios públicos de alto nivel que, según su perspectiva, han permitido la operación de grupos delictivos en territorio nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha mantenido una postura institucional centrada en la coordinación interinstitucional y el respeto a los procesos judiciales establecidos bajo la soberanía mexicana. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido una respuesta oficial a las peticiones del exoperativo estadounidense, reiterando que cualquier proceso de extradición o colaboración judicial debe transitar obligatoriamente por los canales diplomáticos y legales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República.

Este exhorto se suma a la serie de tensiones diplomáticas que han caracterizado la relación entre las agencias de seguridad de ambos países en los últimos meses. Mientras las autoridades de Estados Unidos insisten en la relevancia de estas capturas para desarticular redes criminales transnacionales, el gobierno federal mexicano mantiene el enfoque en la estrategia de seguridad nacional vigente, evitando pronunciarse sobre señalamientos específicos que involucren a gobernadores en funciones sin que exista una solicitud formal y fundamentada por parte de la justicia extranjera.