FBI y DEA investigan a hermanos Farías por contrabando de combustible
Autoridades estadounidenses vinculan a los hermanos Farías con el tráfico de hidrocarburos hacia el CJNG bajo la operación Muerte Líquida.

Agentes del FBI y la DEA han intensificado sus labores de inteligencia contra los hermanos Farías, señalados por su presunta participación en una red internacional de contrabando de combustible con destino a México. Esta investigación, denominada operación Muerte Líquida, busca desarticular una estructura logística que, según reportes de las autoridades estadounidenses, abastece de recursos energéticos ilícitos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fortalecer sus operaciones en diversas regiones del país.
La estrategia de las agencias federales de Estados Unidos se centra en el rastreo de movimientos financieros y rutas marítimas utilizadas para el trasiego de hidrocarburos que ingresan de manera irregular a territorio nacional. Según fuentes consultadas, el esquema de operación involucra la manipulación de documentos de exportación y la utilización de empresas fachada, las cuales habrían facilitado el movimiento de grandes volúmenes de combustible evadiendo los controles aduaneros vigentes.
El alcance de esta investigación ha generado una estrecha colaboración con las instituciones mexicanas, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR). El objetivo es cruzar datos sobre los puntos de desembarque y las redes de distribución terrestre que operan en los estados donde la organización criminal mantiene una presencia significativa, afectando tanto la seguridad nacional como la estabilidad de los mercados energéticos supervisados por PEMEX.
Por su parte, el equipo legal de los hermanos Farías no ha emitido declaraciones formales sobre los señalamientos, mientras que las autoridades estadounidenses han mantenido bajo reserva los detalles específicos de los cargos que se podrían presentar ante las cortes federales. La operación continúa en fase de recolección de pruebas, con un enfoque particular en el desmantelamiento de los activos que permiten el financiamiento de actividades delictivas mediante la comercialización de hidrocarburos sustraídos de los circuitos legales de suministro.
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