Harfuch descarta que compra de mercancía robada sea una práctica generalizada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró este martes que la adquisición de mercancía de procedencia ilícita no representa una conducta generalizada en todo el territorio nacional. Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario federal enfatizó que las investigaciones de la dependencia han detectado que, en un número considerable de casos, los compradores finales desconocen que los productos que adquieren fueron obtenidos mediante robos a transportistas o almacenes.

El titular de la SSPC explicó que el fenómeno del mercado negro se alimenta de una cadena de distribución compleja que oculta la ruta del producto original. Según la perspectiva de la dependencia, es necesario diferenciar entre las bandas criminales organizadas que ejecutan el robo y la población que consume estos bienes en tianguis o plataformas digitales sin tener plena conciencia de su origen ilegal.

Ante esta problemática, la estrategia de la administración federal se centrará en desarticular las redes de logística y los puntos de almacenamiento de mercancía robada, en lugar de criminalizar al consumidor final. García Harfuch señaló que se trabajará en conjunto con las fiscalías estatales y la Guardia Nacional para interceptar los cargamentos antes de que estos lleguen a los centros de distribución informal.

El funcionario también subrayó la importancia de fortalecer la coordinación con el sector privado para mejorar la seguridad en las carreteras federales, que siguen siendo los puntos críticos donde se cometen los robos. La propuesta de la Secretaría incluye el uso de tecnología avanzada de videovigilancia y el patrullaje intensivo en los corredores logísticos de mayor riesgo, con el objetivo de reducir la disponibilidad de productos de dudosa procedencia en el mercado.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas relacionadas con la venta de productos a precios inusualmente bajos o sin comprobantes fiscales. La dependencia reiteró que el combate a este delito es una prioridad para garantizar la estabilidad de las cadenas de suministro y proteger la economía de los pequeños y medianos comerciantes que operan bajo el marco de la legalidad.