Inicia suspensión de líneas móviles no registradas ante el padrón nacional

A partir de este viernes 21 de agosto de 2026, las compañías de telecomunicaciones en México han comenzado a ejecutar la suspensión del servicio para millones de líneas móviles que no cumplieron con el proceso de registro obligatorio. Esta medida deriva de las disposiciones federales orientadas a fortalecer la seguridad pública y el control de dispositivos utilizados en actividades ilícitas, cuya implementación ha alcanzado su primer corte operativo este día en todo el territorio nacional.

Los usuarios afectados han experimentado la interrupción inmediata de servicios de voz, mensajería y navegación de datos móviles. Las autoridades competentes han señalado que la suspensión es una acción administrativa necesaria para garantizar la trazabilidad de los equipos terminales, permitiendo que las autoridades de seguridad cuenten con información precisa sobre la titularidad de las líneas en caso de investigaciones judiciales o denuncias ciudadanas.

Para solucionar esta situación, los titulares de las líneas suspendidas deberán acudir directamente a los centros de atención a clientes de sus respectivos proveedores de telefonía. Es indispensable presentar una identificación oficial vigente y el comprobante de domicilio actualizado para acreditar la propiedad del número y proceder con la reactivación correspondiente tras completar el formulario de registro solicitado por la normativa vigente.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha exhortado a la ciudadanía a realizar este trámite con paciencia, previendo una alta afluencia en las sucursales durante los próximos días. Aunque la suspensión es automática conforme a la ley, los proveedores tienen la instrucción de habilitar canales de atención prioritaria para evitar afectaciones prolongadas en las comunicaciones personales y laborales de los usuarios que demuestren su identidad correctamente.

El registro, aunque ha generado dudas entre diversos sectores de la población, se mantiene como un requisito obligatorio para todos los usuarios de telefonía móvil en el país. El gobierno federal enfatiza que la medida busca inhibir delitos como la extorsión telefónica y el secuestro, al cerrar el paso a la operación de líneas anónimas que históricamente han dificultado la labor de inteligencia y procuración de justicia por parte de la Fiscalía General de la República.