La SCJN valida el Fondo de Pensiones para el Bienestar en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió esta semana validar la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo diseñado para centralizar y administrar los recursos de las cuentas de retiro no reclamadas. Esta decisión judicial permite que los fondos que permanecían inactivos en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sean transferidos al fideicomiso público gestionado por el gobierno federal, con el propósito de complementar las jubilaciones de los trabajadores mexicanos.

El sistema de pensiones en México, que opera bajo el esquema de capitalización individual desde finales de la década de los noventa, ha enfrentado retos estructurales respecto a la tasa de reemplazo que reciben los trabajadores al jubilarse. Con este fallo, la SCJN establece que la transferencia de estos recursos no vulnera los derechos de propiedad de los ahorradores, debido a que el Estado mantiene la obligación legal de devolver los fondos en caso de que el trabajador o sus beneficiarios legítimos realicen el reclamo correspondiente en el futuro.

Las autoridades financieras, encabezadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han reiterado que este fondo busca fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. El objetivo principal es que los ahorros que han permanecido sin movimiento durante periodos prolongados sirvan como una reserva estratégica para mejorar los montos que reciben las personas al momento de su retiro, bajo una gestión centralizada y auditable por los organismos de control del Estado.

Por su parte, las administradoras privadas continuarán desempeñando sus funciones operativas habituales en el mercado laboral mexicano. La transición de los recursos hacia el nuevo fondo de bienestar se realizará bajo lineamientos técnicos específicos, diseñados para asegurar la trazabilidad de cada cuenta individual. Con esta validación, el Poder Judicial concluye una etapa de incertidumbre jurídica sobre el manejo de los recursos inactivos, permitiendo que la política pública de pensiones avance conforme a lo planeado por el Ejecutivo Federal.