Proponen indagar como feminicidio toda muerte violenta de mujeres en México

Una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión busca reformar los protocolos de investigación para que toda muerte violenta de una mujer sea clasificada inicialmente como feminicidio. La propuesta legislativa establece que las autoridades ministeriales deberán agotar todas las líneas de investigación con perspectiva de género antes de determinar cualquier otra causa de fallecimiento, garantizando así una mayor eficacia en el acceso a la justicia.

El planteamiento busca eliminar la discrecionalidad en la apertura de carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. De acuerdo con los promotores de la reforma, el objetivo es evitar que los casos sean minimizados o reclasificados prematuramente como homicidios dolosos o accidentes, lo cual ha sido un reclamo constante de colectivos y organizaciones de derechos humanos en diversas entidades federativas.

La propuesta detalla que la presunción de feminicidio solo podrá ser descartada si las investigaciones científicas y periciales demuestran de manera fehaciente que la muerte ocurrió por causas ajenas a la violencia de género. Este cambio procedimental obligaría a las fiscalías a implementar protocolos de actuación estandarizados desde el primer momento en que se reporta el hallazgo de un cuerpo de una mujer con signos de violencia.

Especialistas en la materia han señalado que esta medida es un paso necesario para homologar los criterios de justicia a nivel nacional, dado que actualmente existen disparidades significativas en la forma en que cada estado tipifica y procesa los asesinatos de mujeres. La iniciativa se encuentra bajo análisis en las comisiones correspondientes del Poder Legislativo, donde se espera que se discuta su impacto operativo y presupuestal para las instituciones de procuración de justicia.

El debate en el Congreso subraya la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las fiscalías locales para atender la crisis de violencia. En caso de ser aprobada, la reforma obligaría a un rediseño en los procesos de las unidades especializadas, buscando reducir la impunidad y asegurar que cada caso reciba la atención legal especializada que la ley exige actualmente.