Proponen multas de 290 mil pesos por incumplir contratación de jóvenes

Una propuesta de reforma presentada ante el Congreso de la Unión plantea establecer una cuota obligatoria de contratación juvenil en el sector privado mexicano. La iniciativa busca que las empresas que cuenten con una plantilla de 40 personas o más destinen al menos el 5% de sus puestos laborales a jóvenes, con el objetivo de fomentar su integración al mercado formal de trabajo. De aprobarse esta medida, los empleadores que omitan cumplir con este porcentaje de contratación enfrentarían sanciones económicas severas, con multas que alcanzarían los 290 mil pesos por cada caso de incumplimiento detectado.

El proyecto de ley, que actualmente se encuentra bajo análisis en las comisiones correspondientes, pretende combatir la alta tasa de desempleo y subempleo que afecta a los sectores de menor edad en el país. Los legisladores promotores de la iniciativa señalan que el propósito central es reducir las brechas de acceso a la seguridad social y prestaciones de ley, permitiendo que las nuevas generaciones obtengan experiencia laboral en condiciones dignas dentro de la economía formal.

De acuerdo con el documento de la propuesta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sería la dependencia encargada de supervisar el cumplimiento de estas cuotas mediante inspecciones periódicas en los centros de trabajo. En caso de detectarse irregularidades, el procedimiento administrativo derivaría en la imposición de las multas mencionadas, las cuales buscan incentivar el apego a la normativa laboral propuesta por los integrantes de la Cámara de Diputados.

Representantes del sector empresarial han expresado la necesidad de revisar los alcances de esta reforma, argumentando que se deben considerar las capacidades operativas y las necesidades específicas de cada industria antes de imponer sanciones de este tipo. Por su parte, los proponentes de la iniciativa sostienen que la medida es una herramienta fundamental para garantizar el derecho al primer empleo y fortalecer el tejido social, confiando en que el debate parlamentario permita ajustar los lineamientos para su eventual aplicación a nivel nacional.