Rafael Marín rechaza vínculos con huachicol en el caso Ernesto Ruffo

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín, compareció este martes para deslindarse de las acusaciones que lo vinculan con redes de contrabando de combustible. En el marco del caso que involucra al exgobernador Ernesto Ruffo, el funcionario negó categóricamente cualquier colusión personal con grupos dedicados al huachicol, asegurando que su gestión se mantiene bajo estrictos protocolos de vigilancia y transparencia institucional.

Durante su declaración, Marín admitió que, si bien él no forma parte de ninguna actividad ilícita, la estructura de la ANAM enfrenta desafíos internos significativos. El funcionario confirmó que se han detectado agentes de aduanas que presuntamente colaboran con organizaciones delictivas en el trasiego de hidrocarburos, señalando que estos casos ya están siendo integrados en investigaciones administrativas y penales en curso.

El titular de la ANAM enfatizó que la dependencia colabora estrechamente con la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar y sancionar a los elementos involucrados en estas prácticas. Según lo expuesto, la estrategia actual se enfoca en el fortalecimiento de los controles de confianza y la depuración del personal operativo en los puertos y fronteras, donde se ha detectado una mayor vulnerabilidad ante el crimen organizado.

Por su parte, el equipo de comunicación de la agencia reiteró que las investigaciones sobre el caso Ruffo continúan su curso legal sin restricciones. Se ha propuesto una revisión profunda de los procesos de despacho aduanal para evitar que el personal sea cooptado por redes de contrabando, buscando restaurar la integridad en la cadena de suministro y la recaudación fiscal del país.

El señalamiento sobre la infiltración de agentes en las aduanas mexicanas ha generado una respuesta institucional inmediata. Las autoridades federales han reforzado la presencia de la Guardia Nacional en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir el flujo de mercancías ilícitas y asegurar que los procedimientos aduaneros se apeguen estrictamente a la normativa vigente del Estado mexicano.