Venta ilegal de tabaco resta 35,000 millones de pesos al erario

La evasión fiscal derivada del comercio ilícito de tabaco en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para el erario público. Esta cifra, consolidada en el contexto actual de agosto de 2026, evidencia los retos que enfrenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para captar los recursos proyectados mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a pesar de los ajustes recientes en las tasas impositivas aplicadas a este sector.

Investigadores del Colegio de México (Colmex) han señalado que el crimen organizado ha implementado una estrategia mixta para consolidar este mercado negro. La táctica combina el contrabando de producto terminado proveniente del extranjero con la fabricación local en laboratorios clandestinos, lo que genera una competencia asimétrica que desplaza a los productores formales que cumplen con todas las regulaciones sanitarias y fiscales vigentes.

Esta dinámica de mercado ilegal no solo impacta las finanzas públicas, sino que también complica los esfuerzos de la Secretaría de Salud para regular el consumo y garantizar estándares de calidad en los insumos que llegan a los consumidores. La falta de control sobre la cadena de suministro permite que productos sin verificación circulen ampliamente en mercados informales de diversas entidades federativas, evadiendo los mecanismos de control que supervisa el SAT.

Expertos en políticas públicas advierten que la proliferación de estos cigarrillos irregulares, que a menudo se venden a precios significativamente menores que los legales, desincentiva el cumplimiento fiscal y debilita la eficacia de los aumentos impositivos como herramienta de salud pública. La estrategia del crimen organizado ha logrado adaptar sus métodos de distribución para evitar la detección, aprovechando lagunas en la vigilancia fronteriza y la logística de transporte en zonas urbanas y rurales.

Ante este panorama, la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las autoridades hacendarias es fundamental para intentar contener el avance de este fenómeno. Mientras tanto, el sector legal continúa enfrentando un entorno donde la competencia desleal y la pérdida de ingresos tributarios siguen siendo una constante que presiona el presupuesto nacional en el ejercicio fiscal en curso.